Referencia:
Amnistía Internacional. Informe 2009 Amnistía Internacional. El estado de los Derechos Humanos en el Mundo. Edición y traducción Editorial Amnistía Internacional. Madrid: Editorial Amnistía Internacional, 2009.
INFORME 2009 AMNISTÍA INTERNACIONAL.
EL ESTADO DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL MUNDO
PREFACIO
Año: 2008
Países: 157
Regiones: 5
Integrantes de AI: 2,2 millones de personas.
Misión de Amnistía Internacional (AI): “lograr que se respeten todos los derechos de todos.”
Sobre las cifras: todos los datos han sido recabados de diferentes agrupaciones de la ONU. AI no coincide ni respalda la metodología de la estadística de ONU; se omiten algunos sitios no por discriminación sino por otros factores como la disputa territorial; si en un país se omite un delito no es porque un derecho no se esté violando, sino por brevedad y por la gravedad de otros delitos.
El informe revela inseguridad y discriminación estructural que conducen a no respetar leyes y muestra a los Estados eligiendo qué derechos respetar y cuáles suprimir.
Abreviaturas
ACNUR ------- Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
AI -------------- Amnistía Internacional
ASEAN ------- Asociación de Naciones del Sudeste Asiático
CEDAW ------ Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer
Convención de la ONU sobre la Mujer
CEDEAO ----- Comunidad Económica de Estados del África Central
CICR ---------- Comité de Cruz Roja Internacional
Comité Europeo para la Prevención de la Tortura – Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y Tratos Inhumanos o Degradantes
Convención de la ONU contra la Tortura – Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes
Convenio Europeo de Derechos Humanos – Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales
CPI ------------ Corte Penal Internacional
OIT ------------ Organización Internacional del Trabajo
OMS ---------- Organización Mundial de la Salud
ONG ---------- Organización No Gubernamental
ONU ---------- Naciones Unidas
OSCE --------- Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa
Relator especial de la ONU sobre el racismo – Relator especial sobre formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia
Relator especial de la ONU sobre las poblaciones indígenas – Relator especial sobre la situación de los derechos humanos y la libertades fundamentales de los indígenas
UA ------------ Unión Africana
UE ------------ Unión Europea
UNICEF ----- Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
PERSPECTIVA REGIONAL
ÁFRICA
Se observó un aumento en la crisis alimentaria, las personas reaccionaron con manifestaciones públicas, mayormente pacíficas; la reacción gubernamental fue de excesivo uso de la violencia y detenciones injustificadas.
Privación
Los lugares de manifestación pública fueron Benín, Burkina Faso (80 detenidos condenados a prisión sin juicio justo), Camerún (fines de febrero: asesinato de más de 100 personas como reacción del Estado), Costa de Marfil, Mali, Mozambique (asesinato de 3 personas, 30 heridos en reacción del Estado), República de Guinea, Senegal, Somalia, Zimbawe.
Los efectos fueron el desplazamiento de poblaciones y las migraciones marítimas riesgosas.
En Nigeria hubo desalojo sin indemnización.
En Chad se declaró estado de excepción, y hubo demolición y expulsión de grupos poblacionales.
Inseguridad
Los conflictos armados provocaron migraciones, ataques militares a la población civil, violación y violencia sexual contra civiles, el reclutamiento de niños y niñas y ataque a voluntarios de ayuda humanitaria.
Hubo un aumento de armas pequeñas; la ONU siguió sin impacto en los conflictos; el embargo de armas fue ineficaz. La ONU y la UA tuvieron escasos avances en intervención en conflictos.
La comunidad internacional movilizó recursos sin precedentes para combatir la piratería frente a las costas de Somalia y proteger sus intereses comerciales. Sin embargo, no hizo ningún esfuerzo para poner fin al flujo de armas a Somalia, a pesar del embargo de la ONU.
En la República Democrática el Congo TODAS las partes en conflicto cometieron crímenes.
Chad y Sudán entraron en conflicto armado.
Violencia política
En Kenia más de 1,000 personas fueron asesinadas por razones étnicas o políticas.
Exclusión
Discriminación y exclusión de la impartición de justicia.
En Sudáfrica 5,7 millones de personas con VIH fueron discriminadas por su condición, discriminadas por las distancias que deben recorrer para tener acceso a servicios médicos, discriminadas más aún si son mujeres.
Mujeres: discriminadas por leyes consuetudinarias.
Albinos: discriminados y asesinados en rituales, por ejemplo en Tanzania.
Homosexuales: discriminados y en algunos países penados por la ley en países como Camerún, Gambia, Nigeria, Senegal y Uganda.
Sistema judicial: dependiente de otros poderes; insuficiencia de recursos, carencia de personal.
Voces desoídas y silenciadas
Libertad de expresión pacífica restringida por los gobiernos.
Fortalecimiento de las sociedades civiles que establecieron lazos y generaron información.
Etiopía: formulación de un anteproyecto de ley que penaliza la defensa de derechos humanos.
Suazilandia: Ley de Represión al Terrorismo que tuvo efecto sobre ONG´s y grupos de civiles.
Represión contra medios y prensa: Chad, Sudán, Lesoto, Kenia, Uganda, Níger, Angola, Camerún, Gambia, Guinea Ecuatorial, Nigeria, Sudán, Tanzania y Togo.
Detención de opositores del gobierno: Burkina Faso, Burundi, Camerún, Chad, Etiopía, Gambia, Guinea Ecuatorial, Mauritania, República del Congo, Suazilandia, Zimbabwe.
Inexistencia de oposición: Eritrea.
Rendición de cuentas
Violaciones generalizadas, libres y persistentes contra los derechos humanos. Nulo interés de juzgar por parte de los gobiernos y por parte de la comunidad internacional. Múltiples comisiones de investigación sobre las violaciones cuyos resultados no son tomados en cuenta.
CPI: emitió orden de aprehensión en contra de Omar al Bashir, presidente de Sudán, por crímenes de guerra, crímenes de lessa humanidad y genocidio; ello dio origen a la crítica de la UA, Liga de los Estados Árabes y la Organización de la Conferencia Islámica que pidieron a la ONU el aplazamiento del caso alegando un “abuso de jurisdicción universal”.
UA: adoptó el Protocolo sobre el Estatuto de la Corte Africana de Justicia y Derechos Humanos.
Conclusión
Enorme brecha entre la retórica gubernamental y la observación de la ley.
Es muy probable que las protestas continúen y aumenten, las personas viven en extrema pobreza.
Esperanza solamente en la vitalidad de las sociedades civiles.
AMÉRICA
Los pueblos indígenas, históricamente marginados y discriminados en toda América, continuaron privados de voz en las decisiones que afectan sus vidas y formas de vida, sufriendo niveles de pobreza excepcionales incluso cuando habitan zonas ricas; la mayoría de estos pueblos carecen de reconocimiento constitucional, han sido expulsados y separados de sus tierras para emplearlas en funciones productivas y para ello se les acosa, en particular las mujeres.
Hubo movilización de los pueblos indígenas en toda la región, coordinación entre ellos, coordinación con organizaciones civiles y con grupos de defensa de derechos humanos.
Inseguridad
En Colombia muchos de los abusos contra derechos humanos perseguían la expulsión de civiles de sitios estratégicos. Se expulsó a comunidades indígenas de zonas ricas en minerales, se les acusó de “subversivas” si se oponían, se les amedrentó con paramilitares. Pero los pueblos indios siguieron manifestándose, millares de indígenas se reunieron durante todo el año hasta culminar en una marcha hacia Bogotá en noviembre.
En México, miembros de la comunidad de Huizopa, pimas y rarámuris, en Chihuahua, exigieron el cierre de una empresa minera en tierras comunales; la policía reaccionó con amenazas y hostigamiento.
En Chile la constante tala de árboles siguió provocando tensiones entre gobierno y pueblos indígenas, en particular con el pueblo mapuche; tanto que un fiscal trató de utilizar la ley antiterrorista, promulgada por Pinochet, contra los indígenas.
En Bolivia el enfrentamiento del gobierno de Evo Morales con los grandes empresarios se convirtió en un estallido de violencia que culminó en el asesinato de 19 indígenas. Las investigaciones realizadas por la Unión de Naciones Suramericanas y por la Defensoría del Pueblo revelaron participación directa de funcionarios locales en los homicidios.
La presión ha sido tal que algunos gobiernos no han tenido otra opción que reconocer derechos a los pueblos indios. Así pasa en Brasil, donde se dio el reconocimiento del derecho ancestral a sus tierras a las comunidades makuxi, wapisana, ingarikó y patomana. En Nicaragua, después de la resolución de 2001 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el gobierno reconoció el derecho a la tierra de la comunidad indígena awas tingni. En Surinam el pueblo saramaka, descendiente de esclavos africanos huidos a la selva entre los siglos XVII y XVIII, obtuvo sentencia favorable de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en que se consigna que el Estado violó la propiedad de los integrantes del pueblo saramaka.
Violencia contra mujeres y niñas
A lo largo del continente se encontraron cuerpos de mujeres con huellas de violencia sexual y tortura, la respuesta de muchos gobiernos, en particular los centroamericanos, siguió siendo insatisfactoria.
En lo que hace a las leyes, con excepción de Haití, la mayoría de las naciones cuentan con leyes orientadas al respeto a los derechos de las mujeres.
En Nicaragua y Haití más del 50% de las víctimas de abuso sexual son menores de 18 años a manos de hombres adultos y poderosos; la violencia sexual contra mujeres está asociada con pobreza y se observa extrema discriminación contra mujeres sobrevivientes.
Respecto del aborto hubo serias prohibiciones. En Nicaragua, Chile y El Salvador hubo prohibición del aborto en todos los casos. En Perú y Ecuador varios grupos religiosos intentaron penalizar todos los casos de aborto. En Uruguay el presidente Tabaré Vázquez vetó una reforma sobre aborto alegando sus creencias religiosas.
México: despenalización del aborto en la Ciudad de México.
Privación
Más de 70 millones de personas vivieron con menos de un dólar al día. Según la ONU, Latinoamérica es el lugar con mayor desigualdad en el mundo.
República Dominicana y Guatemala fueron los países que dedican menos dinero a la asistencia médica pública; estas cifras contrastan con Cuba y EUA.
Pena de muerte
La mayor parte de los países han abolido la pena de muerte, salvo EUA, en donde la pena muerte y la pobreza siguen íntimamente unidas, las más de 3,000 personas condenadas carecían del dinero para pagar un abogado de su elección.
Exclusión
Aumento en la crisis de seguridad pública.
El nivel de abusos fue mayor en las zonas en que el Estado estaba ausente.
Pocos gobiernos relacionaron el aumento de la delincuencia con los abusos perpetrados por funcionarios del Estado.
En Brasil, en Pernambuco, el 70% de los asesinatos se atribuyen a escuadrones de la muerte conformados por miembros de las fuerzas policiales.
En Guatemala hubo persecución de niños y jóvenes por su apariencia de pobreza.
En Colombia, en Soacha, miembros del ejército mataron a decenas de jóvenes para cobrar la prima concedida por el gobierno por cada guerrillero muerto.
“Guerra contra el terror”
En Guantánamo, EUA: más de 200 hombres permanecieron detenidos. Se presentó el compromiso de Barak Obama para cerrar la base y evitar la tortura.
Voces desoídas y silenciadas
En Colombia el asesinato de Jhon Fredy Correa Falla, miembro del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado que convocó a manifestaciones en Bogotá.
En Guatemala y Honduras hubo asesinato de defensores de derechos humanos.
En Venezuela se expulsó al director de Human Rights Watch.
En México, en Guerrero, se detuvo a cinco dirigentes de la Organización del Pueblo Indígena Me´phaa (OPIM) acusados de asesinato sin pruebas.
En Nicaragua nueve defensoras de derechos humanos presentaban cargos judiciales por haber intervenido en un aborto legal a una niña de 9 años que fue violada.
En Honduras la comunidad garífuna de San Juan Tela fue amenazada con armas para entregar sus tierras comunales.
En Paraguay el presidente Fernando Lugo pidió perdón públicamente a las víctimas del gobierno militar de Alfredo Stroessner. En diciembre la Comisión de Verdad y Justicia publicó un informe en que se identificaron a 20,000 víctimas (1984-1989), se recomendó que el Ministerio Público investigara todos los casos.
En Uruguay se citó a ex oficiales de la fuerzas armadas a testificar contra Gregorio Álvarez, jefe del gobierno militar 1981-1985, y Juan Larcebeau, oficial retirado de Armada, ambos acusados de la desaparición forzada de más de 30 personas.
En Argentina se declaró culpables a un hombre y una mujer de apropiación de la hija de una pareja que había sido víctima de desaparición forzada en 1977, se les condenó a cárcel.
En El Salvador organizaciones civiles presentaron una denuncia en una corte española contra el ex presidente Cristiani (1989-1994) y 14 miembros de las fuerzas armadas por el asesinato de seis sacerdotes jesuitas, su empleada doméstica y la hija de ésta en 1989.
En México, a 40 años de la masacre de la plaza de Tlatelolco, no hubo ningún avance en el enjuiciamiento de los responsables.
En Bolivia se solicitó la extradición del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y de dos ex funcionarios por participar en el genocidio de 2003 en El Alto.
En Estados Unidos un comité del Senado señaló que la autorización de Rumsfeld para el uso de agresiones contra detenidos fue una causa directa del abuso contra personas bajo custodia estadounidense en Afganistán e Irak.
Conclusión
Defensoras y defensores de derechos humanos siguen trabajando y con ello desafían a poderosas élites sociales y económicas.
